Periodismo y libertad de prensa
Un peligroso escenario para la democracia
¿Qué se esconde tras la derogación del Estatuto del Periodista?
“La libertad de prensa y la libertad de pensamiento son derechos inalienables”
(Art. 5 - Estatuto del Periodista Profesional)
Tiempo de lectura 6’ 30”
Por Téc. Elena Calvín | Directora ADN|UNDAV
En los últimos años, en Argentina asistimos a un sistemático ataque a estructuras y normas construidas a lo largo de décadas por generaciones de argentinas y argentinos que intentaron forjar un futuro mejor. En esa línea, con la sanción de la Ley 27.802 en marzo de este año, se ha dispuesto la derogación del Estatuto del Periodista Profesional a partir del 1º de enero de 2027.
Durante ochenta años, la Ley 12.908/1946 protegió los derechos de los y las periodistas profesionales, garantizando su rol social en la producción y difusión de la información. El objetivo básico del estatuto era otorgar estabilidad económica y condiciones dignas de trabajo para que los profesionales no fueran vulnerables a presiones económicas o políticas, y pudieran ejercer su rol con independencia y honestidad intelectual.
A lo largo de la historia argentina, dictaduras y hasta gobiernos autoritarios elegidos democráticamente promovieron múltiples intentos para cercenar esta normativa. Sin embargo, la norma sobrevivió con algunas modificaciones hasta nuestros días.
Un periodismo débil socava los cimientos de la democracia
Son varios los factores que hoy atentan contra el libre ejercicio del periodismo. Algunos están naturalizados a través de usos y costumbres impuestos por las permanentes crisis económicas, las cuales precarizan una y otra vez las condiciones laborales en todos los niveles. Otros operan bajo el influjo de la “modernización” y el imperio de la tecnocracia, utilizados como pantalla para avanzar contra todo derecho conquistado.
En los últimos tiempos, se construyó un escenario de estigmatización contra los y las trabajadores de prensa que moldeó una opinión pública agresiva. Esta última repite y ejecuta la sentencia del Presidente de la Nación: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”. A las agresiones públicas desde las altas esferas del poder hacia comunicadores críticos del Gobierno, le siguen persecuciones en redes sociales, campañas de difamación, escraches, doxxing y falsas denuncias en la Justicia. Todo está milimétricamente calculado para avasallar derechos sin que la mayoría de la población reaccione.
Esta norma, mal llamada de “Modernización Laboral”, fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y responde a un reclamo de importantes empresarios de medios de comunicación. A estos sectores no les basta la concentración mediática que detentan, sino que necesitan trabajadores débiles que no puedan defenderse ni ejercer dignamente su profesión.
La dimensión de esta problemática trasciende el ámbito laboral específico y roza los límites de la inconstitucionalidad. La Constitución Nacional Argentina integra tratados internacionales que consagran de forma expresa el principio de progresividad y la prohibición de regresividad en los derechos sociales. En este marco, el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales impone al Estado el deber de promover de manera constante el bienestar de la población, al tiempo que restringe cualquier alteración normativa que signifique un retroceso injustificado en las conquistas ya alcanzadas.
Entre los puntos principales que garantizaban la labor de los y las periodistas, y que han sido borrados por la ley aprobada en el Congreso, encontramos:
- Protección contra despidos arbitrarios por opiniones, investigaciones o publicaciones.
- Estabilidad laboral con indemnización agravada por despido sin causa.
- Prohibición de la precarización laboral mediante formas indirectas de contratación.
- Reconocimiento profesional específico, con incumbencias profesionales y la definición exacta de qué significa ser periodista.
La pérdida de garantías laborales para los profesionales de la información provoca aún más inestabilidad en un sector de por sí precarizado por el pluriempleo y la multitarea. Asimismo, incentiva el monopolio mediático de discurso único, funcional al poder de turno, porque vulnera principalmente la autonomía en el ejercicio periodístico.
“La democracia no existe sin libertad de expresión y sin el derecho humano a la comunicación”
En esta línea, Cynthia Ottaviano, doctora en Comunicación y directora de la Especialización en Comunicación y DDHH de la UNDAV, aporta su mirada: “El estatuto del periodista es un reconocimiento como sujetos de derecho de trabajadores y trabajadoras de prensa. Además, busca protegernos ante poderes que —cada vez que un periodista hace una investigación o llega a una información contraria a sus intereses— amenazan, presionan o te echan lisa y llanamente. El estatuto se creó justamente con una serie de principios de derechos y de garantías para quienes ejercemos la profesión y también para la democracia, porque la democracia no existe sin libertad de expresión y sin el derecho humano a la comunicación”.
El retroceso de las garantías para la libertad de prensa impacta de forma directa y negativa en el derecho a la información de la ciudadanía, un pilar fundamental para la salud democrática. Cuando se debilitan los marcos protectores del periodismo, se restringe la pluralidad de voces, se deteriora la calidad del debate público y se deja a la sociedad vulnerable a la desinformación y a la propaganda.
Sin una prensa independiente y protegida, los ciudadanos pierden la capacidad de acceder a datos verificados y de fiscalizar los actos de los poderes políticos y económicos. En definitiva, el avance contra la labor periodística no constituye una problemática exclusiva de un sector profesional, sino una vulneración colectiva que debilita el derecho constitucional de la población a saber, elegir y participar de manera consciente en la vida civil.
Consultada por ADN | UNDAV, Griselda Carbonel, docente de “Derecho a la Comunicación” de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, fue categórica respecto a quiénes se benefician con esta desregulación: “La derogación del Estatuto del Periodista Profesional viene a coronar las ambiciones de aquellos que ponen la rentabilidad como motor de la actividad periodística. Reponer la centralidad del derecho a la información en sus dos dimensiones —tanto la individual del propio periodista como la colectiva del pueblo a ser informado— debería ser nuestro horizonte de realización”.
“Es imprescindible volver a generar espacios de encuentro para dar la pelea conjunta por los derechos que el gobierno nacional nos está quitando”
En el mes de abril, desde la Asociación de Graduadas y Graduados de la UNDAV (AGUNA), junto a estudiantes y docentes de las carreras de Periodismo, se constituyó el Foro por el Estatuto del Periodista, Trabajadores de Prensa y Comunicación. El objetivo es realizar un aporte desde nuestra Universidad a los debates que se están dando a lo largo del país entre actores del campo comunicacional: asociaciones profesionales, medios comunitarios, universidades y organizaciones de la actividad.
Al respecto, Luciana Meuli, abogada, periodista y consejera superior por el claustro graduado, hace un balance de esta actividad: “El Foro nos dejó algo indiscutible: entender que es imprescindible volver a generar espacios de encuentro para dar la pelea conjunta por los derechos que el Gobierno nacional nos está quitando y por aquellos que aún faltan conquistar. Como graduada de Periodismo de la UNDAV, pienso en los cientos de compañeros y compañeras reprimidos por intentar sostener su trabajo, por no poder llegar a fin de mes y por comunicar las problemáticas que afectan la cotidianeidad de los argentinos y argentinas, mientras se alienta a la fragmentación social”.
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Matías Cardone, periodista y delegado en la Editorial Perfil, nos cuenta: “En el marco de la semana del periodista, vamos a presentar nuestro proyecto de un nuevo estatuto que contempla también las nuevas formas de trabajo, inteligencia artificial, los medios cooperativos autogestivos y un montón de situaciones que son obviamente distintas a cuando se redactó el estatuto original en el año 44 y después rectificaron en el 46.”
Es fundamental preservar el espíritu de protección contenido en el Estatuto del Periodista Profesional, pero es necesario modernizarlo para incorporar las transformaciones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), tales como las redes sociales, el teletrabajo, la inteligencia artificial y las plataformas digitales.
No obstante, esta actualización excede la esfera estrictamente laboral y exige un debate multisectorial profundo que proteja los derechos fundamentales de la sociedad y de la labor de prensa. Bajo ningún concepto esta revisión debe implicar una pérdida de las conquistas previas, dado que este marco regulatorio no constituye un privilegio corporativo, sino una garantía histórica diseñada para asegurar la dignidad profesional y blindar la independencia informativa frente a los poderes políticos y económicos.
