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Educación
¿Qué pasa con el presupuesto universitario?
“Defendemos el derecho de las y los jóvenes de acceder, según su deseo y vocación, a la educación pública superior de excelencia, no arancelada y con ingreso libre. Un sistema abierto que promueve la movilidad social y las transformaciones de nuestras comunidades, del que nuestras y nuestros graduados son su mejor expresión”.
Comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
- 9 de abril de 2024 -
Tiempo de lectura 4 minutos
Por Téc. Elena Calvín | Directora ADN|UNDAV
El sistema universitario público argentino ha representado a lo largo de nuestra historia uno de los mayores orgullos del país, que nos ha distinguido en el mundo por su excelencia académica y la calidad de sus investigaciones. Pero también y fundamentalmente por el rol que ha desempeñado el Estado en su crecimiento y desarrollo a través de sus políticas educativas.
Desde la reforma universitaria de 1918 pasando por el decreto de derogación de aranceles de 1949 hasta el periodo de máxima expansión con nuevas universidades en todo el país entre los años 2007/2015, constituyeron hitos que hicieron que la educación superior sea considerada una de las herramientas de mayor importancia para la movilidad social ascendente de los sectores medios y bajos de la sociedad. Esto permitió que muchas/os trabajadoras/es pudieran incluir dentro de su universo de posibilidades, el llevar adelante una carrera universitaria cerca de su casa o lugar de trabajo. Comenzando así a concretarse una alta tasa de primera generación de graduadas/os en su familia.
En octubre del año 2015, se sanciona la Ley de implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el nivel de la Educación Superior. La norma establece entre otras cosas que el Estado tiene la “responsabilidad principal e indelegable sobre la educación superior, en tanto la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho humano personal y social en el marco de lo establecido por la ley 26.206”.
Si quisiéramos remitirnos específicamente a la “utilidad” de las universidades para aquellas/os que quizás nunca puedan (o quieran) acceder a estudios superiores, pero que aportan con sus impuestos al sostenimiento de todo el sistema universitario, podemos pensar en los numerosos avances científicos que han desarrollado las universidades a través de sus investigaciones para el mejoramiento de la calidad de vida de todas/os.
Debemos incluir en estos aportes, a la extensión universitaria que posibilita desarrollar la función social de la universidad a través del diálogo permanente con los distintos actores del territorio aportando a la resolución de problemáticas propias de la ciudadanía.
Pero para poder desarrollar todas sus funciones (académicas, de investigación, extensión y transferencia), es vital que las universidades cuenten con los recursos adecuados que permitan el cumplimiento de sus fines.
Desde el advenimiento del nuevo gobierno nacional, que prorrogó sin modificaciones el presupuesto universitario 2023, se puso en grave riesgo el funcionamiento de las universidades públicas. La inflación acumulada desde octubre del 2022 (fecha en que se calculó el presupuesto 2023), la desregulación de precios decretada en diciembre del 2023 y el aumento sideral de tarifas, hacen inviable poder sostener las actividades mínimas de las instituciones universitarias públicas.
Este desfinanciamiento afecta no solo al pago de salarios de docentes y de trabajadoras/es nodocentes sino también a todos los gastos de funcionamiento (como por ejemplo, el pago de servicios públicos, la compra de insumos de limpieza, papelería, etc.), la realización de obras de infraestructura, reparaciones, compra de equipamientos y fundamentalmente el desarrollo de actividades académicas, de extensión e investigación.
El sistema universitario público en su conjunto a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ha denunciado desde el mes de febrero el peligro que conlleva no revertir esta situación de ahogamiento y ha apelado a las autoridades educativas nacionales a fin de que brinden las soluciones necesarias para no continuar dañando de manera irremediable a las universidades y a sus comunidades educativas (estudiantes, docentes, nodocentes y graduadas/os). Sin embargo a la fecha han continuado desde el gobierno con el ataque decidido hacia toda la educación pública.
Por esta razón, en la última reunión plenaria de rectoras y rectores de universidades nacionales, y ante la falta de respuesta de las autoridades nacionales, se ha convocado a toda la sociedad a una movilización en defensa de las universidades públicas que se desarrollará el día martes 23 de abril a las 15.30 hs. desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo.
“...Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación”.
https://www.cin.edu.ar/convocamos-a-defender-la-educacion-publica-la-ciencia-y-el-sistema-universitario-nacional/
